LOS
MUERTOS DE CURUGUATY Y EL JUICIO POLÍTICO A LUGO
Monsanto
golpea en Paraguay
Idilio Méndez Grimaldi
Periodista,
investigador y analista. Miembro de la Sociedad de Economía Política del
Paraguay, SEPPY. Autor del libro Los Herederos de Stroessner.
La Unión de Gremios de Producción
(UGP) estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, dueño del diario ABC Color y
socio principal de Cargill, venía preparando un acto de protesta nacional
contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio próximo. Una de las
reivindicaciones del denominado “tractorazo” era la liberalización de todas las
semillas transgénicas para su cultivo comercial en Paraguay.
(Resumen Latinoamericano).- ¿Quienes
están detrás de esta trama tan siniestra? Los propulsores de una ideología que
promueven el máximo beneficio económico a cualquier precio y cuanto más, mejor,
ahora y en el futuro.
El viernes 15 de
junio de 2012, un grupo de policías que iba a cumplir una orden de desalojo en
el departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue emboscado por
francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras para
sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscala para proteger a un
latifundista. Como resultado se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y
decenas de heridos graves.
Las
consecuencias: El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con debilidad
ascendente y extrema, cada vez más derechizado, llevado a juicio político por
un Congreso dominado por la derecha; duro revés a la izquierda, a las
organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente
de instigar a los campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de
las transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y
el arrebato de sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea
para la los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las
elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo.
El 21 de octubre
de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo
Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la
compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en
Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se
dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus
Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como las
larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo del textil. El
Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, otra
institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no inscribió
dicha semilla transgénica en los registros de cultivares, por carecer de los
dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como
exige la legislación.
Campaña mediática
Durante los meses
posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción (UGP)
estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color,
arremetió contra SENAVE y su presidente por no inscribir la semilla transgénica
de Monsanto para su uso comercial en todo el país.
La cuenta
regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte de una
seudo sindicalista del SENAVE, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de
junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a
través de ABC Color. Martínez es esposa de Roberto Cáceres, representante
técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente
adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra transnacional, todas
socias de la UGP.
Al día siguiente,
viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis columnas: “Los 12 argumentos
para destituir a Lovera” (1). Estos presuntos argumentos fueron presentados al
vicepresidente de la República, correligionario del ministro de Agricultura, el
liberal Federico Franco, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de
Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia.
El viernes 15 del
corriente mes, en ocasión a una exposición anual organizada por el Ministerio
de Agricultura y Ganadería, el ministro Enzo Cardozo dejó escapar un comentario
ante la prensa que un supuesto grupo de inversores de la India, del sector de
los agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay por la presunta
corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba. En esas horas de
aquel día se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty.
En el marco de
esta exposición preparada por el citado ministerio, la transnacional Monsanto
presentó otra variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o Resistente
al Roundup, un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de
la transnacional norteamericana es la inscripción en Paraguay de esta semilla
transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países del mundo.
Previamente a
estos hechos, el diario ABC Color denunció sistemáticamente por presuntos
hechos de corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro
del Ambiente, Oscar Rivas, dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable
a Monsanto.
Monsanto facturó
el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no declara
esta parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso de
semillas transgénicas de soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura por
la venta de las semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en
una extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción en
torno a los 7 millones de toneladas en el 2010.
Por otro lado, en
la Cámara de Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley de
Bioseguridad, que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del
Ministerio de Agricultura, con amplia potestad para la aprobación para su
cultivo comercial de todas las semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz,
arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la
eliminación de la Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de
funcionarios técnicos del Estado paraguayo.
En tanto
transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP venía preparando un acto de
protesta nacional contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio
próximo. Se trata de una manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando
medias calzadas de las rutas en distintos puntos del país. Una de las
reivindicaciones del denominado “tractorazo” es la destitución de Miguel Lovera
del SENAVE, así como la liberalización de todas las semillas transgénicas para
su cultivo comercial.
Las conexiones
La UGP está
dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros apóstoles como Ramón Sánchez -
quien tiene negocios con el sector de los agroquímicos- entre otros agentes de
las transnacionales del agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias
empresas del Grupo Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo,
director propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen de
Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad Interamericana de
Prensa, SIP.
El Grupo
Zuccolillo es socio principal en Paraguay de Cargill, una de las
transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo. La sociedad construyó
uno de los puertos graneleros más importante del Paraguay, denominado Puerto
Unión, a 500 metros
de la toma de agua de la empresa aguatera del Estado paraguayo, sobre el Río
Paraguay, sin ninguna restricción.
Las
transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos,
mediante la férrea protección que tienen en el Congreso, dominado por la
derecha. La presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El
60% del impuesto recaudado por el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor
Agregado, IVA. Los latifundistas no pagan impuestos. El impuesto Inmobiliario
representa apenas el 0,04% de la presión tributaria, unos 5 millones de
dólares, según un estudio del Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio
produce rentas en torno al 30 % del PIB, que representan unos 6.000 millones de
dólares anuales.
Paraguay es uno
de los países más desiguales del mundo. El 85% de las tierras, unas 30 millones
de hectáreas, está en manos del 2% de propietarios (3) que se dedican a la
producción meramente extractivista o en el peor de los casos a la especulación
sobre la tierra.
La mayoría de
estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este o Miami y tienen estrechas
relaciones con las transnacionales del sector financiero, que guardan sus
bienes mal habidos en los paraísos fiscales o le facilitan inversiones en el
extranjero. Todos ellos, de alguna u otra manera, están ligados al agronegocio
y dominan el espectro político nacional, con amplias influencias en los tres
poderes del Estado. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales del
sector financiero y del agronegocio.
Los hechos de Curuguaty
Curuguaty es una ciudad ubicada al
este de la Región Oriental del Paraguay, a unos 200 km de Asunción, capital
del Paraguay. A unos kilómetros de Curuguaty se halla la estancia Morombí,
propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese
lugar. Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner
(1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al general
Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al dictador
Stroessner.
Riquelme, que fue
presidente del Partido Colorado por muchos años y senador de la República,
dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, se apropió mediante
subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas, aproximadamente, que
pertenecen al Estado paraguayo.
Esta parcela fue
ocupada por los campesinos sin tierras que venían solicitando al gobierno de
Fernando Lugo su distribución. Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo de
los campesinos, a través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía
Nacional, cuyos miembros de élite en su mayoría fueron entrenados en Colombia,
bajo el gobierno de Uribe, para la lucha contrainsurgente.
Sólo un sabotaje
interno dentro de los cuadros de inteligencia de la Policía, con la complicidad
de la Fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron 6 policías. No se
comprende cómo policías altamente entrenados, en el marco del Plan Colombia,
pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por campesinos, como
quiere hacer creer la prensa dominada por los oligarcas. Sus camaradas
reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando unos 50
heridos. Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven
Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del
presidente Lugo.
El plan consiste
en criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones
campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso
exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento, doloroso, de descampesinización
del campo paraguayo, que atenta directamente contra la soberanía alimentaria,
la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores
y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní.
Tanto la Fiscalía
o Ministerio Público, como el Poder Judicial y la Policía Nacional, así como
diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante convenios
de cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos.El
asesinato del hermano del jefe de seguridad del presidente de la República
obviamente es un mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo
objetivo, probablemente a través de un juicio político, quien derechizó más su
gobierno tratando de calmar a los oligarcas.
Lo ocurrido en
Curuguaty tumbó a Carlos Filizzola del Ministerio del Interior y fue nombrado
en su reemplazo a Rubén Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido
Colorado, al cual Lugo lo derrotó en las urnas en el 2008, luego de 60 años de
dictadura colorada, incluyendo la tiranía de Alfredo Stroessner.
Candia fue
ministro de Justicia del gobierno colorado de Nicanor Duarte (2003-2008) y se
desempeñó como fiscal general del Estado por un periodo, hasta el año pasado,
cuando fue reemplazado por otro colorado, Javier Díaz Verón, a instancia del
propio Lugo. Candia es acusado de haber promovido la represión a dirigentes de
organizaciones campesinas y de movimientos populares. Su nominación a Fiscal
General del Estado en el 2005 fue aprobado por el entonces embajador de los
Estados Unidos, Jhon F. Keen.
Candia fue
responsable de un mayor control por parte de USAID del Ministerio Público y fue
acusado en los inicios de su gobierno por Fernando Lugo de conspirar en su
contra para quitarlo del gobierno. Tras asumir como el ministro político de
Lugo, lo primero que anunció Candia fue la eliminación del protocolo de diálogo
con los campesinos que invaden propiedades. El mensaje es que no habrá
conversación, sino simplemente la aplicación de la ley, lo que significa
emplear la fuerza policial represiva sin contemplación.
Dos días después
de asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP, encabezado por Héctor
Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro del Interior, a quien solicitaron
garantías para la realización del denominado tractorazo. Sin embargo, Cristaldo
dijo que la medida de fuerza puede ser suspendida en caso de nuevas señales
favorables para la UGP (léase liberación de las semillas transgénicas de
Monsanto, destitución de Lovera y otros ministros, entre otras ventajas para el
gran capital y los oligarcas) derechizando aun más el gobierno.
Cristaldo es
precandidato a diputado para las elecciones de 2013 por un movimiento interno
del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, un empresario investigado en
el pasado reciente por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico,
según el propio diario ABC Color, que se hizo eco de varios cables del
Departamento de Estado de USA, publicado por WikiLeaks, entre ellos uno que
aludía directamente a Cartes, el 15 de noviembre de 2011.
Juicio político a Lugo
En las últimas
horas, mientras se redactaba esta crónica, la UGP, (4) algunos integrantes del
Partido Colorado y los propios integrantes del Partido Liberal Radical
Auténtico, PLRA, dirigido por el senador Blas Llano y aliado del gobierno,
amenazan con un juicio político Fernando Lugo para destituirlo como presidente
de la República del Paraguay.
Lugo depende del
humor de los colorados para seguir como presidente de la República, así como de
sus aliados liberales, que ahora lo amenazan con juicio político, con seguridad
buscando más espacios de poder (dinero) como prenda de paz. El Partido
Colorado, aliado a otros partidos minoritarios de la oposición, tiene la
mayoría necesaria como para destituir al presidente de sus funciones.
Quizás se esperan
“las señales favorables” de Lugo que la UGP - en nombre de la Monsanto, la
patria financiera y los oligarcas - está exigiendo al gobierno. Caso contrario,
se estaría pasando a una siguiente fase de los planes de copamiento de este
gobierno que nació como progresista y lentamente va terminando como
conservador, controlado por los poderes fácticos.
Entre algunos de
sus haberes, Lugo es responsable de la aprobación de la Ley Antiterrorista,
propiciada por Estados Unidos en todo el mundo después del 11 S. Autorizó en
2010 la implementación de la Iniciativa Zona Norte, consistente en la
instalación y despliegue de tropas y civiles norteamericanos en el norte de la
Región Oriental - en las narices del Brasil - supuestamente para desarrollar
actividades a favor de las comunidades campesinas.
El Frente Guazú,
coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no logra unificar su discurso, y
sus integrantes pierden la perspectiva en el análisis del poder real, cayendo
en los juegos electoralistas inmediatistas. Infiltrados por USAID, muchos
integrantes del Frente Guazú que participan en la administración del Estado,
sucumben ante los cantos de sirena del consumismo galopante del neoliberalismo.
Se corrompen hasta los tuétanos y en la práctica se convierten en émulos
vanidosos de engreídos ricos que integraban los recientes gobiernos del
derechista Partido Colorado.
Curuguaty también
engloba un mensaje para la región, especialmente para Brasil, en cuya frontera
se producen estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por los amos de la
guerra, cuyos teatros de operaciones se pueden observar en Irak, Libia,
Afganistán y ahora Siria. Brasil está construyendo hegemonía mundial junto a
Rusia, India y China, denominado BRIC. Sin embargo, Estados Unidos no ceja en
su poder de persuasión al gigante de Sudamérica. Ya está en marcha el nuevo eje
comercial integrado por México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un muro de
contención a los deseos expansionistas del Brasil hacia el Pacífico.
Mientras, Washington
sigue con su ofensiva diplomática en Brasilia, tratando de convencer al
gobierno de Dilma Rousseff a estrechar vínculos comerciales, tecnológicos y
militares. Entre tanto, la IV Flota de los Estados Unidos, reactivada hace unos
años después de estar fuera de servicio apenas culminó la Segunda Guerra
Mundial, vigila todo el Atlántico Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por
si no comprendiese la persuasión diplomática.
Y Paraguay es un
país en disputa entre ambos países hegemónicos, dominado aun ampliamente por
USA. Por eso lo de Curuguaty es también una pequeña señal para Brasil, en el
sentido que el Paraguay puede convertirse en un polvorín que quebrantará el
desarrollo del suroeste del Brasil.
Pero por sobre
todo, los muertos de Curuguaty es una señal del capital, del gran capital, del
extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y aplasta la vida en todos los
rincones de la Tierra en nombre de la civilización y el desarrollo. Por
fortuna, los pueblos del mundo también van dando respuestas a estas señales de
la muerte, con señales de resistencia, con señales de dignidad y de respeto a
todas formas de vida en el Planeta.
Notas:
2. Documento del
Banco Mundial. Paraguay. Impuesto Inmobiliario: Herramienta clave para la descentralización
fiscal y el mejor uso de la tierra. Volumen I: Informe principal. 2007.
